Durante los gobiernos de
@ARENAOFICIAL
y
@FMLNDeptalSS
hubo una descoordinación total entre las instituciones de seguridad y las de justicia. A nadie le interesaba que trabajaran de forma articulada. Los consecuencias: 88 de cada 100 criminales quedaban libres, es decir, una impunidad blindada por areneros y efemelenistas. Mientras, los salvadoreños eran asesinados y extorsionados. ¿Qué hicieron con los recursos que inyectaron a sus planes de seguridad, que, según el BID, fue del 2.8% del PIB? Ese es el tema de mi columna en
@elsalvador
. Les invito a leerla.
En 2012, el Banco Mundial dio a conocer su informe en el que conf irmó que El Salvador era uno de los países que mayor porcentaje de recursos «invertía» en seguridad y justicia, se refería al 2.8 % del producto interno bruto.
Si así fue, ¿adónde fue a parar todo ese dinero? Ese año hubo más de 4,400 asesinatos, es decir, 12 por día, aproximadamente.
El estudio, que cubrió el período entre junio de 2011 y marzo de 2012, también detalló que no existía coordinación y complementariedad entre las instituciones del sector de seguridad y justicia, y que la debilidad institucional favorecía los elevados niveles de impunidad, pues menos del 12 % de los casos resultaba en condenas.
Es decir, 88 de cada 100 criminales quedaban libres. Hablo del sistema de justicia dirigido por los afamados «cuatro fantásticos» y del que era parte el flamante juez de sentencia don Tony, tan buscado hoy como fuente de «información» por los panfletos y sitios web de desinformación «incómodos».
Interesante que el mismo organismo financiero internacional destacó que el país necesitaba un plan de seguridad que tuviera sostenibilidad financiera a largo plazo y un plan de acción coordinado para que funcionara. Bien dicen que a «oídos sordos, palabras necias».
Dos años después, entre la transición de los dos gobiernos corruptos y asesinos del FMLN, de Funes a Cerén, el impacto de la violencia en la economía salvadoreña alcanzó los $4,000 millones, equivalente al 16 % del producto interno bruto. pueblo la Fiscalía y el sistema de justicia? Todos los ataques en contra del presidente Nayib Bukele, a sus medidas y acciones tienen lógica cuando se conoce la historia desde la guerra civil y, luego, de la f irma de los perversos «acuerdos de paz».
Pero se sabe que provienen, en gran mayoría, de cobardes que se acobijan en el término «perseguidos políticos» cuando son delincuentes, evasores de millones de impuestos y apologistas de criminales relacionados con el crimen organizado y mafias internacionales.
El Banco Central de Reserva, dirigido por un efemelenista entonces, informó que ese monto solo abarcaba lo que desembolsaron el sector privado y el pueblo en general por vigilancia privada, sin contar el pago de las extorsiones de maras y pandillas.
Los salvadoreños gastamos millones para nada –bueno, ayudamos a la pobreza del poder fáctico, a la de los dueños de las empresas de seguridad y cúpulas de ARENA y del FMLN, y a la de los cabecillas de la MS y la 18—, pues los asesinatos de inocentes en manos de «los angelitos» de las ONG sobrepasaron los 110,000 en 20 años.
Para nadie es un secreto, mucho menos para la OEA y sus comisiones, que derechistas e izquierdistas auspiciaron a los grupos criminales para que pusieran de rodillas a El Salvador a punta de fusiles.
Por cierto, lamentable que hasta este día continúan llamándoles «líderes históricos» cuando son cabecillas de los peores delitos en contra del pueblo salvadoreño. No son líderes, son cabecillas. Bueno, se entiende el «respeto» que les guardan los faroleros, los de «Factum», los de «gatoencebado» y los plumíferos de «LPG» y «EDH».
¿No parece curioso que ahora que El Salvador ha derrotado a las maras y pandillas salgan ONG nacionales e internacionales en contra de las únicas medidas de seguridad que han funcionado para proteger a más de 6 millones de salvadoreños trabajadores y honestos? o ¿que guarden silencio cuando ahora funciona en favor del A las ONG que dicen ser «protectoras de derechos humanos», corrijo: protectora de «derechos» de criminales, no les conviene esta coyuntura de cero homicidios, pues tienen que alimentarse justificando sus informes elaborados con datos falsos y pordioseros, y de testimonios antojadizos de liberados.
Es que siempre han comido de la sangre de los inocentes. Nunca les ha importado el sufrimiento de más de 6 millones de salvadoreños. Por cierto, los plumíferos del caos son tan bestiales en contra del pueblo salvadoreño que obviaron que el informe del deplorable CIDH no tuvo la aprobación unánime de sus comisionados. Cuatro de siete levantaron la mano.
Lean los razonamientos. Independencia y credibilidad, al sesto. Decir 700 días sin homicidios ahora es fácil. Bien dicen que la sangre vende, en El Salvador ya no.
